26 septiembre 2020

EN EXCLUSIVAšŸ”“ Informe de CĆ©sar Hildebrant saca a luz actos de corrupción que originaron muerte de bomberos en la gestión del ex alcalde Richard Soria



VIERNES 25 DE SETIEMBRE, 2020 
Los mismos nombres de la fÔbrica de calzado que mató a tres bomberos el 2016 estÔn ahora detrÔs del nuevo incendio ocurrido en
El Agustino. Una mafia Municipal que avaló la falsificación de licencias, y la sombría complicidad del Ministerio Público explican la reincidencia.


Cuando Rony Gómez (32) vio que el humo entraba por la ventana de su casa, cogió un poco de ropa y avisó a sus padres que tenían que huir. Mientras
los tres caminaban hacia un lugar seguro, varias explosiones los dejaron aturdidos. “TenĆ­amos temor de que pasara algo asĆ­. Ellos tenĆ­an quĆ­micos
inō€†°amables allĆ­ dentro. Desde que esta fĆ”brica funciona acĆ”, hemos visto cómo ingresan los camiones a dejar cilindros con los quĆ­micos”, dice Rony
Gómez, vecino de la asociación de propietarios Santa María, en El Agustino. La casa de la familia Gómez colinda con uno de los locales de la empresa
Pionnisan S.A.C., en cuyas instalaciones se habrƭa originado el voraz incendio del pasado 14 de septiembre. Hace cuatro aƱos, en esta misma zona, una
fƔbrica vinculada al mismo empresario, Percy Vilca Ramos, fue protagonista de otro incendio. En aquella oportunidad las llamas acabaron con la vida de
tres bomberos. El empresario, sin embargo, quedó impune. Y ahora, todo apunta, repetirÔ la faena.
“Lo de esta semana ha sido similar a lo que vimos en el incendio del 2016: explosiones y fuego abierto. ¡Las ondas de las explosiones de estos cilindros
han alcanzado incluso los 30 metros de altura!”, dice Mario Casaretto, jefe del departamento de bomberos de Lima Centro.
Los bomberos seƱalan que, tanto en el incendio del 2016 como en el que ocurrió hace diez dĆ­as, el almacenamiento de productos inō€†°amables sin
cumplir con las medidas de seguridad fue determinante en la violencia de las llamas. Sin embargo, en aquella oportunidad Percy Vilca Ramos, el
propietario de Pionnisan S.A.C., quedó limpio de polvo y paja gracias a los informes policiales y ō€†®scales. De hecho, la compaƱƭa tiene una investigación
congelada en el Ministerio Público por presuntamente falsi􀆮car los certi􀆮cados de Defensa Civil y los permisos municipales que utilizaba para operar.
Actualmente, en las direcciones que aparecen vinculadas a sus negocios nadie da razón del empresario.


EL CERTIFICADO TRUCHO


La noche del 19 de octubre del 2016 los tres bomberos acudieron a apagar un incendio a la cuadra 18 de la avenida Independencia, en El Agustino. Las
llamas, según el peritaje que elaboró la Policía, empezaron en un almacén del Ministerio de Salud. Pero lo que podría haber sido un incidente sin mayores
consecuencias se convirtió en un inō€†®erno cuando el fuego se propagó a las instalaciones de una fĆ”brica de zapatos donde se almacenaban,
incumpliendo todos los protocolos, ingentes cantidades de productos inō€†°amables. AsĆ­ quedó recogido en el documento que elaboró la comisión de
investigación de los bomberos. Este informe, sin embargo, no tuvo peso alguno en el expediente de la Fiscalía Provincial Mixta de Lima Este, que optó
por incluir como presunta agraviada a Pionnisan S.A.C., a pesar de que hay pruebas contundentes de que la compañía utilizó documentación fraguada
de Defensa Civil para justi􀆮car que estaba operando con el visto bueno de las autoridades.
La desidia del Ministerio Público en el caso del incendio que les costó la vida a los tres bomberos es tal que, cuatro años después, ni siquiera hay
acusación.


DOCUMENTOS FRAGUADOS
El mismo día que estalló el incendio del 2016, Juan Carlos Torres Enríquez, entonces subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de El Agustino,
llamó a su secretaria y le preguntó si la fÔbrica de calzado Pionnisan, la mÔs afectada con el incendio, tenía todos los documentos en regla. La respuesta
de la mujer fue tajante: “No”. La fĆ”brica no aparecĆ­a en los registros informĆ”ticos del municipio.
Al dĆ­a siguiente Torres, el subgerente, fue personalmente a revisar el archivo digital y conō€†®rmó que, efectivamente, Pionnisan S.A.C. carecĆ­a de licencia
para funcionar. Por eso se alarmó cuando, dĆ­as despuĆ©s del siniestro, el alcalde de entonces, Richard Soria, le pidió que ō€†®rmara un documento
acreditando que la empresa sĆ­ tenĆ­a el certiō€†®cado de inspección. El subgerente se negó rotundamente. “A mĆ­ el alcalde y el gerente municipal me pidieron
que yo le haga un informe y que diga que se le habĆ­a dado el certiō€†®cado a esta empresa”, dice Torres.
DĆ­as despuĆ©s el documento apareció. Estaba emitido con fecha fraguada del 17 de mayo del 2016, cinco meses antes del incendio. “Esos documentos
fueron falsiō€†®cados y llevaban ō€†®rmas y sellos de otras personas cuando yo era el funcionario que debĆ­a ō€†®rmarlos”, explica Juan Carlos Torres. Un mes
despuƩs, en noviembre, el funcionario fue despedido.


Torres denunció el asunto en el diario “La RepĆŗblica”. Y advirtió del hecho a los detectives de la División de Seguridad del Estado y a la FiscalĆ­a de Lima
Este que investigaba el caso. Ni unos ni otros lo llamaron para que formalizara su manifestación. Aun así Torres dejó constancia de su denuncia en la
ProcuradurĆ­a de la municipalidad. “A mĆ­ me botaron porque yo no me querĆ­a coludir con ese tema. Y aparentemente entre todos se coludieron, porque
sabĆ­an que si no tenĆ­an certi_cado de licencia ni de Defensa Civil, la _scal debió haber acusado por homicidio a la empresa”, aƱade Torres.
Con la llegada de una nueva gestión municipal, a inicios del 2019, el nuevo procurador Luis Alberto Bolo encontró encarpetado el proceso administrativo
contra Pionnisan S.A.C. por los documentos fraguados. Bolo hizo suya la denuncia. “¡Fabricaron un trĆ”mite y en dos dĆ­as hicieron aparecer un certi_cado
que demora regularmente 15 dĆ­as!”, dice el procurador.
El abogado decidió entonces denunciar ante el Ministerio Público a la empresa Pionnisan no sólo por la falsi_cación de documentos sino por su
responsabilidad en la muerte de los tres bomberos. En enero de este año la Fiscalía empezó una investigación preliminar, pero la llegada de la pandemia
volvió a paralizar el proceso.
Y mientras el expediente se congelaba en la Fiscalƭa, Percy Vilca Ramos, el dueƱo de Pionnisan, estaba dispuesto a otra aventura. Dice su abogado,
William Paco Castillo, que la compañía pudo cobrar la póliza del seguro. Pocos meses después Vilca ordenó la reconstrucción de su local consumido
por el fuego.
En agosto del 2017 dos sobrinos de Percy Vilca, Bryan y Karen Tarrillo Vilca –aĆŗn estudiantes universitarios–, fundaron una empresa tambiĆ©n de calzado.
La llamaron Planninza S.A.C. La empresa empezó a funcionar en un predio de 2,000 metros cuadrados a sólo dos cuadras de Pionnisan. El almacén
estaba al _nal de un estrecho callejón, de la asociación de propietarios Santa María. Ese local es el que ardió el pasado 14 de septiembre.
Planninza y Pionnisan son dos caras de la misma moneda. Ambas comparten, según los registros de SUNAT, la misma dirección _scal. Y en redes
sociales se promocionan como socias en el negocio de zapatos y zapatillas. “Toda la producción de zapatos de Planniza era almacenada, hasta el dĆ­a del
incendio, en el mismo inmueble que ardió hace cuatro aƱos. ¡Son los mismos dueƱos!”, denuncia el comandante Casaretto. Lo que presumen los
bomberos es que en el almacĆ©n de Planniza, el que ardió en septiembre, guardaban los quĆ­micos –alcohol, thinner y bencina– que se emplean para la
manufactura del calzado.


Según la Municipalidad de El Agustino, la asociación Santa María estÔ ubicada en una zona industrial. Pero los vecinos recuerdan que hace 15 años las
viviendas familiares eran mĆ”s que las fĆ”bricas y que poco a poco fueron perdiendo terreno. “A medida que pasaba el tiempo, los empresarios han estado
comprando las casas, pero a nosotros no nos pueden comprar con el dinero”, dice Jhon Anyosa (25), un vecino de la zona que la tarde del incendio tuvo
que huir con su perro hacia la carretera.
Los vecinos de la asociación Manuel Scorza, situada a unos 300 metros del lugar, también tuvieron que desalojar sus casas cuando la nube de humo
negra empezó a cercarlos. “Las explosiones duraron entre cuatro y cinco horas. A travĆ©s de la directiva, se ha hecho la queja a la municipalidad. No sĆ© en
quĆ© estĆ” eso”, dice MarĆ­a GutiĆ©rrez (55), que vive hace 17 aƱos en el lugar.
En la Municipalidad de El Agustino dicen que Planninza tenĆ­a el certiō€†®cado de inspección tĆ©cnica al dĆ­a. “De acuerdo al giro, esta empresa tiene permitido
el almacenamiento de sustancias inō€†°amables. Lo que estĆ” en investigación es si este almacenamiento ha sido razonable de acuerdo al espacio que
ellos tienen”, dice Jersey Ramos, el actual subgerente de gestión de riesgos de desastres de la municipalidad.


Tras el Ćŗltimo siniestro en la fĆ”brica de Planninza, el Ć”rea de ō€†®scalización del municipio visitó las antiguas instalaciones de Pionnisan. Los funcionarios
detectaron que el almacĆ©n que ardió en el 2016 habrĆ­a reincidido y que estaba operando con documentos, presuntamente fraguados, desde el 2019. “El
viernes se nos alcanzó la información seƱalando que tanto el nĆŗmero de expediente, como el de certiō€†®cado de Defensa Civil y el nĆŗmero de resolución
de su permiso, no coinciden. Hoy (lunes 21 de septiembre) hemos procedido a su clausura deō€†®nitiva porque estaban adulterando documentos”, dice
Alfonso Casana, subgerente de ō€†®scalización administrativa de El Agustino.
En una conversación telefónica con este semanario, el apoderado de Pionnisan, William Paco Castillo, argumenta que se trata de compañías diferentes y
que ambas son agraviadas. Castillo, sin embargo, dice no conocer las denuncias por falsiō€†®cación de documentos y no puede explicar por quĆ© tienen la misma dirección fiscal.

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